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Condenan legisladores violencia en Veracruz

Por Ángel M Coronel

Legisladores de los partido del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT condenaron la violencia en Veracruz, donde el pasado  martes fueron dejados en la zona turística de Boca del Río 35 cuerpos, por lo que se pronunciaron por coordinar esfuerzos para disminuir el impacto del crimen organizado.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI, José Ramón Martel López, reprochó que la violencia se siga generalizando en el país, y ahora sea en las calles donde transitan las familias donde se depositen cadáveres “Reprobamos una vez más que la violencia se siga generalizando en el país, lo que los mexicanos necesitamos es seguridad. No nos gustan cadáveres sobre las aceras, sobre las calles sobre las que deberíamos transitar con libertad los mexicanos”, enfatizó.

Destacó que el Congreso ha cumplido su responsabilidad en el rubro de seguridad, aprobando un presupuesto de 107 mil millones de pesos para 2011, que ha sido utilizado para capacitación de policías, contratación de elementos y para equipamiento de quienes tienen que combatir a la delincuencia.

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, indicó que nadie puede culpar a otros, ya que debe atacarse el fenómeno de la violencia de manera integral; además, se pronunció por aprobar la Ley de Seguridad Nacional de manera urgente.

“Ya no hay vuelta de hoja, tenemos que tomar una determinación integral y nacional; ya nadie puede echar culpas de unos a otros y tenemos que ver esto con carácter integral, gobierno federal, locales, gobiernos municipales y todos los poderes de la Unión”, destacó.

Subrayó que los ciudadanos no merecen estar en este riesgo, que dijo, ya ha tocado a todos los sectores; “el llamado es que le quiten el freno a las reformas, requerimos un marco jurídico para las Fuerzas Armadas”, dijo.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter, consideró que la muerte de 35 personas en Boca del Río es un tema que rebasa a los sectores involucrados para la seguridad, por lo que debe ser revisada la estrategia de seguridad. En el Presupuesto serán revisados los recursos adicionales que se pretenden aprobar para el próximo año, afirmó.

“Es preocupante que ahora es Veracruz con 35 muertos, las semanas anteriores fue Monterrey y hace unos días Guerrero y Coahuila. Cada uno de los rincones del territorio nacional pareciera que se están especializando en ver con qué actitud de terror nos asombran y nos preocupan a los ciudadanos; esto ya rebasó cualquier tipo de dimensión, no es asunto de partidos”, señaló.

Dijo que se requiere un nuevo acuerdo para que no sólo “se descabece” a las bandas; es necesario una participación de partidos, sociedad y gobierno, ya que esta vez fue en Veracruz, pero la escena aterradora puede presentares en otros estados, como se ha venido presentado en últimas fechas.

El coordinador de los diputados de Veracruz de la fracción priista, Juan Nicolás Callejas Arroyo, señaló que lo sucedido en su entidad debe orientar a los tres órdenes ejecutivos: el federal, estatal y municipal a sumar esfuerzos y no politizar el tema.

“Veracruz es parte de México, estamos viviendo un problema nacional que se está dando en unos mas y en otros menos, pero en todas las entidades del país. Significa que es el momento de la unidad nacional, en que los esfuerzos deben conjuntarse”, expuso. 

El vicecoordinador del grupo parlamentario del PVEM, Pablo Escudero Morales, lamentó que se presenten los hechos de violencia, que aún cuando está por realizarse la reunión de los procuradores en esa entidad, la violencia sigue presente, lo que representa un claro desafío a la autoridad.

El coordinador del grupo parlamentario del PT, Pedro Vázquez González, calificó como “grotesco y rechazable” la aparición de 35 cuerpos en Veracruz, toda vez que dichas ejecuciones representan un desafío a la autoridad y una forma de crear miedo entre la sociedad, por lo que las autoridades deben tomar medidas para evitar que estos hechos sean tomados como pretexto para pretender imponer un estado de excepción.