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Ley de Asociaciones Privadas y Pública equilibrará riesgos entre poderes

Ángel M Coronel

Durante el Foro de Asociaciones Público-Privadas, efectuado en Nuevo León, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, indicó que la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas busca equilibrar los riesgos entre las partes entre el Estado y los agentes económicos privados.

el legislador mexiquense aseguró que con esta ley se pretende dar certeza jurídica, a nivel federal, a los empresarios que participen en dichas asociaciones para permitir su cabal funcionamiento.

“Los proyectos de Asociación Público-Privadas son una tendencia mundial promovida por el Banco Mundial, la OCDE y el FMI, ya que ofrecen ventajas entre las que destacan la posibilidad de solventar restricciones presupuestales o financieras temporales, adelantar la oferta de servicios indispensables y la utilización de capacidades y experiencia de muchos participantes privados, movilizando fuerzas productivas que, de otra manera, continuarían inertes”, expresó.

Añadió con esta ley se garantiza que las obras de infraestructura realizadas bajo este esquema de asociación, se mantengan en el sector público, en beneficio de la sociedad y de las comunidades del país.

Rojas Gutiérrez subrayó que la Ley de Asociaciones Público-Privadas debe redundar en el desarrollo del país, estableciendo la posibilidad de impulsar grandes obras de infraestructura y de servicios.

Señaló que una de las conclusiones derivadas del primer foro relativo a la mencionada ley, se encuentra salvaguardar el sentido estratégico que en última instancia deben atender este tipo de asociaciones y las inversiones comprometidas. Los proyectos deberán responder a una priorización clara y transparente, en correspondencia directa con los lineamientos, las estrategias y los programas consignados en el Plan Nacional de Desarrollo.

También la Cámara de Diputados, al autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación, debe cuidar que los proyectos que se incluyan en el mismo, en un renglón especial, tengan asegurada su fuente futura de pago para evitar que se repita lo sucedido con los PIDIREGAS.

Como última conclusión, se resolvió que la Auditoría Superior de la Federación tenga el mandato pleno para fiscalizar el ejercicio de los recursos federales y evaluar los resultados obtenidos de los proyectos que se contraten.

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