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PRISIÓN VITALICIA: PENA ADECUADA AL FENÓMENO DE LA CRIMINALIDAD

La prisión vitalicia es un pena adecuada al fenómeno de la criminalidad, demanda de la sociedad mexiquense que exige implantar sanciones más duras para quienes lastiman el tejido social, coincidieron los diputados de la LVII Legislatura del Estado de México, al suprimir en la Constitución

Política local la prohibición de prisión a perpetuidad; así como aprobar reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para sancionar con prisión vitalicia a quienes cometan homicidio calificado, feminicidio, violación agravada cuando cause la muerte y prisión de 40 a 70 años, por violación agravada con participación de dos o más personas.

Durante la sesión deliberante, en la que los Grupos Parlamentarios fijaron su postura sobre el establecimiento de esta modalidad penal que, de acuerdo a los legisladores no contraviene la Constitución Política federal, coincide con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es acorde a los acuerdos internacionales como el Estatuto de Roma que menciona que no es cruel ni inusitada.

El dictamen que reforma el Artículo 7 de la Constitución local, formulada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, suprime de su primer párrafo la prohibición de la prisión a perpetuidad. En tanto, el dictamen que reforma los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, en sus numerales 242, 242 Bis y 274 del Código Penal del Estado de México, para que, en los delitos de: homicidio calificado, feminicidio, violación agravada cuando cause la muerte, se aplique una penalidad de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa; mientras que, en el caso de violación agravada con la participación de dos o más personas aumenta la penalidad.

Además, el resolutivo establece que quien cometa el delito de encubrimiento, relacionado con homicidio, feminicidio, trata de personas y violación, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días multa agravándose las penas en caso de ser cometido por servidores públicos.