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Imco pide que estados sean obligados a publicar información financiera

El Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) propuso que los estados sean obligados a publicar en tiempo y forma su información financiera, así como una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto, para que cumplan con su función de contrapeso.  Al dar a conocer el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2017 del Imco, su dirigente Juan Pardinas sugirió también disminuir las variaciones entre el presupuesto aprobado y el monto ejercido del gasto operativo. A estas recomendaciones sumó establecer criterios de distribución de ingresos excedentes obligatorios para todas las entidades federativas, así como eliminar el uso de efectivo en las administraciones estatales, con el propósito de dar mayor seguimiento y veracidad a la información reportada. A su vez, impulsar auditorías en tiempo real para detectar irregularidades al momento de la ejecución de los recursos públicos y fortalecer las sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y es que el reporte presentado revela que los estados gastaron en el rubro de comunicación social cinco mil 534 millones de pesos, es decir, 139 por ciento más de lo presupuestado, lo que resulta cifra mayor al financiamiento público de los partidos políticos en 2017 y que es de cuatro mil 59 millones de pesos. En conferencia de prensa, refirió que de acuerdo con cifras del IIEG 2017, los gobiernos estatales tuvieron un cumplimiento promedio de 58 por ciento, donde Tabasco (86 por ciento), Campeche (83 por ciento) y Puebla (81 por ciento) presentan el mayor cumplimiento. En contraste, el Estado de México registra 38 por ciento, Baja California Sur 25 por ciento y Guerrero con 14 por ciento, que son las entidades que tienen el menor índice de cumplimiento, es decir, no solo no gastan en lo que se comprometieron publicamente, sino que gastan más. Con los gastos excedentes obtenidos en 2016 por las entidades federativas, estimó, se habría podido pagar 39 por ciento del saldo de la deuda pública estatal. En este contexto, destacó que los estados presentan un desorden financiero tanto en ingresos, egresos, y deudas; de hecho, subestiman los ingresos porque gastan más de lo presupuestado y se endeudan más de lo planeado, lo que refleja una mala planeación y falta de control de las finanzas públicas locales. Juan Pardinas abundó que en el caso de los ingresos, los estados recaudaron 251 mil 460 millones de pesos adicionales, es decir, 15 por ciento más de lo estimado y cifra mayor al presupuesto del Estado de México en 2016, que fue de 221 mil 285 millones de pesos. En materia de gasto, detalló que las entidades federativas gastaron 223 mil 726 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, es decir, 14 por ciento más de lo aprobado, cifra equivalente de la deuda de 26 estados que es de 212 mil 136 millones de pesos. Afirmó que en el caso del gasto destinado a infraestructura, los estados ejercieron 10 mil 606 millones de pesos, que implica 9.0 por ciento menos de lo presupuestado, y pese a que los gobiernos estatales aprobaron para este rubro 113 mil 777 millones de pesos, únicamente gastaron 103 mil 171 millones. En materia de deuda, las entidades federativas contrataron 20 mil 186 millones de peso de deuda adicional a la estimada, es decir, 86 por ciento adicional y cifra equivalente al presupuesto de Morelos en 2016, que fue de 20 mil 492 millones de pesos. A decir del directivo, no existen controles de calidad de la información financiera reportada para transparentar el ejercicio del gasto a nivel estatal, y la información financiera de los poderes ejecutivo estatales no cumple con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En este contexto, Pardinas consideró fundamental que durante el próximo periodo electoral se cuente con elementos contables suficientes y confiables para llevar a cabo auditorías en los gobiernos de los estados de la República, a fin de evitar gastos innecesarios o desvíos. Por ello, recordó, los responsables para evaluar cómo se ejerció el gasto público, o si hubo desvío a campañas electorales serán el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación. “Si los gobiernos estatales todavía utilizan dinero en efectivo como buena parte de su gasto, esas transacciones difícilmente son rastreables y auditables, por lo que se esperan muchos márgenes de discrecionalidad durante el próximo periodo electoral”, anticipó Pardinas.