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El combate a la corrupción debe ser de todos, señaló Francisco Cervantes Díaz

En relación con la iniciativa de Ley que avanza en el Senado de la República y que determina que las cámaras empresariales y sus confederaciones deben promover acciones que eviten la comisión de actos de corrupción, Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), dio la bienvenida a esa propuesta de legislación aprobada ayer en comisiones y recordó que es un tema que se viene explorando desde la pasada legislatura en la Cámara de Diputados, sin que prosperara

En la CONCAMIN tenemos muy claro que el combate a la corrupción debe ser de todos: del gobierno, de la sociedad, de los medios, de los empresarios en general. Por lo mismo, aún sin que existiera legislación específica nosotros asumimos nuestro deber con la sociedad y establecimos una Política de Integridad Industrial (PPI), señaló el líder de los industriales.

Los estándares internacionales derivados de la globalización de mercados, las malas prácticas corporativas y la vulnerabilidad a la corrupción, que tiene en específico mal evaluado a nuestro país, nos obligan a estar a la altura y para ello debemos transformar nuestra forma de hacer negocios. Los tratados de libre comercio, las empresas transnacionales, la obtención de financiamientos, seguros, el acceso a la bolsa de valores e inclusive la relación con el gobierno, nos obligan a tener en el sector privado sistemas de prevención y cumplimiento normativo, partiendo de la ética e integridad empresarial.

Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la implementación de estrategias anticorrupción es fundamental, ya que complementan y fortalecen los esfuerzos de los gobiernos para hacer frente a los impactos negativos del crimen organizado. Debido a que la corrupción es una herramienta de la cual las redes del crimen organizado se sirven para asegurar la impunidad en sus actividades ilícitas, así como de penetración dentro de las instituciones y la ciudadanía, es necesario el respaldo de una estrategia anticorrupción integral para hacer efectivos los esfuerzos de seguridad y justicia.

Es de reconocer que otra cara de la moneda en el fenómeno de la corrupción son las empresas que buscan beneficiarse a través de la obtención de un contrato, gestiones de gobierno o generarse condiciones favorables en contra de la legalidad. La CONCAMIN y sus cámaras y asociaciones están convencidas y comprometidas, a través de sus liderazgos, de poner el ejemplo y aspirar a una industria íntegra; por ello, dijo, “cuenta con un gobierno corporativo, tiene instalada la Contraloría Social Empresarial y el pasado 21 de noviembre lanzamos la Política de Integridad Industrial, que busca poner en suerte de los agremiados modelos de cumplimiento normativo, guías, programas de desarrollo y formación, así como los estándares de certificación que impulsen el desarrollo de las empresas, les permita acceder a nuevos mercados, obtener mejores condiciones de financiamiento y propiciar escenarios de responsabilidad social. La integridad empresarial no solamente responde a la corrupción en sí misma, sino que parte de establecer la pauta en el cumplimiento de normas jurídicas, en hacer las cosas bien y no buscar beneficios en algo que la ley no permite. Encontrar el camino de la legalidad es nuestro deber y de ahí parte nuestra calidad moral para exigir lo mismo de los demás; es por ello que con estándares de cumplimiento normativo marcaremos la ruta a seguir por las empresas mexicanas.

Con las reformas derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción tenemos mayores sanciones para las personas jurídicas en materia penal y administrativa, que ponen en riesgo no sólo su patrimonio sino la continuidad del negocio. Por otra parte, los tratados de libre comercio que México tiene celebrados con otros países y en específico el celebrado con Canadá y Estados Unidos, establecen medidas para prevenir y combatir la corrupción en las relaciones comerciales entre los tres países, estableciendo la obligatoriedad de contar con sistemas de compliance y antisoborno.

“La Política de Integridad Industrial (PPI) de la CONCAMIN tiene por objetivo construir un verdadero modelo de prevención y control de riesgos a través del ‘estándar de cumplimiento normativo’, que considere a la persona física y jurídica como parte de la estrategia, construya profesionistas de cumplimiento y que sea un verdadero catalizador de la integridad industrial.  Esta PPI es ejemplo nacional e internacional, porque promueve que cumplir con la ley nos dará mayores oportunidades en el mercado, sostenibilidad a largo plazo y está dirigida a los miembros de CONCAMIN, sus cámaras y asociaciones Industriales, sus afiliados y todas las instituciones relacionadas con la industria.

“Iniciativas que busquen combatir la corrupción serán adoptadas de inmediato por esta Confederación; hoy tenemos un paso adelante porque estamos convencidos de que podemos incidir en el cambio al que todos aspiramos”, concluyó Cervantes Díaz.