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El juego millonario de la Cooperativa Cruz Azul

Con sus más de 80 años, la Cooperativa Cruz Azul podría verse como un caso de éxito del cooperativismo en México: es una de las principales productoras de cemento en el país, tiene un equipo de futbol y un hotel cinco estrellas. Pero hay otra realidad. Recursos de la cooperativa se han destinado a un grupo de empresas que facturan por supuestos servicios de “consultoría”, “relaciones públicas” o “procesos administrativos”. Además, durante años, sus directivos sacaron millones de dólares de la cooperativa para llevarlos a
paraísos fiscales.
 
En una plaza comercial de Metepec, Estado de México, en donde no hay más de 12 locales comerciales distribuidos en la planta baja y en dos pisos, están las oficinas de Aura Desarrollo Social y Corporativo Facundia, dos empresas que por una consultoría cobran entre dos y seis millones de pesos.
 
En la ciudad de Puebla, en una construcción de un piso con pintura marrón desgastada y accesorias en su planta baja, está la oficina de Attar 2715 S.C, otra empresa que también cobra entre dos y cinco millones de pesos por una consultoría.
 
Esas han sido las cantidades que la Cooperativa Cruz Azul pagó a estas tres compañías y a, por lo menos, otras 12 empresas más que en su mayoría tienen como objeto social “la prestación de servicios de oficina, administración y operación a personas físicas y morales”.

Por lo menos desde 2016, la dirección general de Cruz Azul ha autorizado el pago de cantidades millonarias a empresas que facturan por servicios de “consultoría”, “relaciones públicas”, “procesos administrativos” y “manejo de presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento”.
 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tiene copias de 51 facturas emitidas por 15 empresas diferentes por supuestos servicios realizados a la Cooperativa Cruz Azul. Estos documentos muestran que desde enero de 2016 y hasta finales de 2017 salieron, al menos, 191 millones 768 mil pesos de la cooperativa a través de esas empresas.
 
Buena parte de estas compañías tienen entre sí coincidencias: seis de ellas se crearon entre enero y febrero de 2015. Algunas se constituyeron en notarias de la ciudad de Puebla, pero sus domicilios fiscales están en Metepec, Estado de México. Otras comparten al mismo representante legal. Y varias tienen sus oficinas en pequeñas plazas comerciales.
 
Una de esas empresas, Attar 2715 S.C, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de ser parte de un mecanismo de financiamiento irregular durante el pasado proceso electoral. Además, en enero de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en la lista de empresas que presuntamente realizan operaciones simuladas.