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Armonización de Ley General de Archivos, fundamental para garantizar acceso a la información pública

La Ley General de Archivos es ya una realidad que busca dotarnos de un contexto homogéneo para la gestión de los documentos que, día a día, son administrados por las instituciones públicas, con el objetivo de facilitar su organización, clasificación y conservación, argumentó Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Durante la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en Materia de Archivos, llevada a cabo en Morelos, la Comisionada Presidenta del Infoem destacó que, para garantizar el derecho de acceso a la información pública a través de los archivos, es necesario armonizar todas las leyes estatales de la materia. En este sentido, señaló que, si se involucran todas las instancias correspondientes, pronto se verán los resultados de la implementación de esta ley. 

La también Coordinadora de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) hizo entrega de la Ley de Transparencia del Estado de Morelos traducida al sistema braille, con lo que enfatizó que resulta esencial que la población con discapacidad visual tenga la posibilidad de ejercer sus derechos, en aras de favorecer su desarrollo integral e inclusión plena en la sociedad.

Por su parte, el Comisionado José Guadalupe Luna Hernández, quien también funge como Coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT, puntualizó que, si no se documentan correctamente las acciones de los servidores públicos, no es posible garantizar el derecho de acceso a la información pública ni tampoco el derecho a la protección de los datos personales, ya que, subrayó, si los documentos no se preservan en archivos administrativos actualizados, se dificulta el acceso pronto y oportuno a los acervos.

Asimismo, señaló que la Ley General de Archivos es fundamental para garantizar los derechos de la ciudadanía. Cuando los servidores públicos obstaculizan o impiden el adecuado manejo de la información documental, ya sea por descuido u omisión, el Estado debe de prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que la falta de información documental puede provocar.